La misma mafia inmobiliaria que impidió ratificación de Ernestina Godoy, pretende apropiarse del gobierno de Tlalnepantla

El diputado Max Correa advirtió que ese grupo político busca controlar los presupuestos de municipios mexiquenses y autorizar cambios de uso de suelo para instalar “desarrollos inmobiliarios”

El diputado Max Correa Hernández advirtió que la misma mafia inmobiliaria que por venganza rechazó la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal de la Ciudad de México, es la que pretende apropiarse del gobierno y del presupuesto público de Tlalnepantla para seguir haciendo negocios, autorizar cambios de uso de suelo y permitir la instalación de nuevos “desarrollos inmobiliarios”.

“El rechazo a la ratificación de la Fiscal Godoy Ramos pone al descubierto el verdadero propósito de este grupo político y la coalición electoral PAN, PRI, PRD, que es continuar haciendo pingües negocios desde el poder en alcaldías de la ciudad de México y presidencias municipales mexiquenses”, acusó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del estado de México afirmó que el motivo de la votación en contra de la Fiscal *fue por temor* a que se descubrieran todas las redes de corrupción del cártel inmobiliario, y combatir la delincuencia y a los líderes políticos involucrados en trata de personas y feminicidios.

“Es un acto de venganza política de la mafia inmobiliaria que se ha servido del poder en la Zona Metropolitana del Valle de México y que pretende apropiarse del presupuesto público y del gobierno de Tlalnepantla, como actualmente sucede en los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Naucalpan, entre otros”, dijo.

Agregó: “Por eso hay que detenerlos y preparar las condiciones para que la ciudadanía conozca esta situación y los rechace en las decisiones que habrán de tomar próximamente”.

Finalmente, el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) apuntó que Ernestina Godoy será recordada por sus logros y contribución en la disminución de delitos de alto impacto, por no tolerar feminicidios en la CDMX y otros estados, y por su valor para enfrentar las mafias de trata de personas y el cártel inmobiliario.