En un esfuerzo por apoyar a los mexicanos que enfrentan deportaciones masivas desde Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado la creación de 35,000 empleos como parte de un plan de emergencia nacional. Esta iniciativa busca facilitar la reintegración de los connacionales deportados y brindarles una nueva oportunidad en el mercado laboral.
El programa contempla la generación de empleos en sectores clave como la manufactura, construcción, servicios y minería, con énfasis en las regiones fronterizas y las ciudades con alta densidad de migrantes. Además, incluirá capacitación laboral y acceso a servicios de salud y educación para las familias afectadas.
“Queremos que las personas deportadas encuentren en México un lugar donde puedan reconstruir sus vidas. Este es un compromiso de nuestro gobierno para proteger a quienes han sido rechazados en otro país y darles una oportunidad de prosperar aquí”, declaró Sheinbaum durante su anuncio.
El anuncio llega en un momento crítico tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien ha endurecido las políticas migratorias y ampliado los operativos de deportación. Esto ha generado preocupación por el incremento en el número de mexicanos que regresan al país en situaciones vulnerables.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), solo en el último mes se han registrado más de 20,000 deportaciones, lo que ha puesto presión en las comunidades receptoras en México.
El gobierno ha identificado los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León como las principales zonas donde se implementará el programa. Además, se priorizarán industrias con alta demanda laboral, como la maquila y la construcción.
El programa también contará con apoyo del sector privado, con empresas que han mostrado interés en contratar a trabajadores mexicanos deportados, ofreciendo salarios competitivos y beneficios adicionales.
Sheinbaum destacó que la medida no solo se trata de generar empleos, sino de proporcionar herramientas para la reintegración social y económica de los deportados. Para ello, se implementarán programas de capacitación en habilidades técnicas y profesionales, así como servicios de apoyo psicológico para ayudar a los afectados a superar el trauma del proceso de deportación.
El anuncio ha sido bien recibido por sectores sociales y organizaciones que trabajan con migrantes, quienes consideran que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, también han pedido mayor claridad en los detalles operativos del programa y su alcance a largo plazo.
“Es un gran alivio escuchar que hay un plan, pero necesitamos asegurarnos de que sea inclusivo y que llegue a las personas que realmente lo necesitan”, comentó Carolina López, activista de derechos de los migrantes en Tijuana.
El gobierno enfrenta el reto de implementar el plan de manera eficiente y garantizar que los empleos sean sostenibles. Además, se espera que esta medida sea solo el inicio de una estrategia más amplia para abordar las complejidades del fenómeno migratorio.
Con esta iniciativa, la administración de Sheinbaum busca enviar un mensaje claro: los deportados no están solos, y México está dispuesto a recibirlos y apoyarlos en su regreso.
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