La situación de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, ha generado gran controversia tras las graves acusaciones en su contra por un supuesto intento de violación por parte de su media hermana, Nidia Fabiola. Las solicitudes de desafuero presentadas por la Fiscalía de Morelos para que Blanco enfrente cargos en su contra fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, en una decisión respaldada por los partidos Morena, PRI y PVEM.
Este rechazo a las solicitudes de desafuero ha desatado un fuerte debate en el Congreso mexicano y en la sociedad. Mientras que algunos defienden la presunción de inocencia y argumentan que no hay pruebas suficientes para proceder con la acusación, otros, incluidos legisladoras y colectivos feministas, han criticado duramente la decisión. Para ellos, esta protección a Blanco representa un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y una clara muestra de impunidad para los poderosos.
Nidia Fabiola, la hermana de Blanco, calificó de “vergonzoso y denigrante” el proceso legislativo que terminó con la absolución de su medio hermano, denunciando una falta de apoyo institucional a las víctimas de violencia sexual. Este giro en los acontecimientos ha motivado manifestaciones en la Ciudad de México, donde colectivos feministas exigen que Blanco sea juzgado por las acusaciones en su contra.
A raíz de esta situación, se ha convocado una marcha para el 29 de marzo con el objetivo de mostrar el rechazo a la protección política que ha recibido Blanco y exigir justicia para las víctimas de abuso sexual. El tema ha polarizado al Congreso, destacando la falta de consenso en torno a cómo deben abordarse las acusaciones de violencia de género en el ámbito político, especialmente cuando se trata de figuras de alto perfil.
El caso de Cuauhtémoc Blanco continúa siendo uno de los temas más candentes en la política mexicana, poniendo de relieve las tensiones entre los derechos de las víctimas de violencia sexual y la influencia de los poderosos en el sistema judicial y legislativo. A medida que se acercan las manifestaciones y se intensifica el debate, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta qué punto la política está protegiendo a los acusados en lugar de garantizar justicia para las víctimas?
