La relación México-Estados Unidos vuelve a tensarse por la situación migratoria. Este mes se registró la muerte de José Guadalupe Ramos-Solano, el decimocuarto mexicano fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del 2026. Ramos-Solano murió el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, California, tras ser encontrado inconsciente en su litera. Ya había sido diagnosticado con diabetes, hiperlipidemia e hipertensión al ingresar el 24 de febrero, y recibía medicación diaria, según ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la directora general de Protección Consular Vanessa Calva Ruiz, expresó que estas muertes “revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias” en los centros privados de detención. México participará como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian contra las condiciones insalubres de Adelanto: falta de atención médica oportuna, aislamiento punitivo, nutrición deficiente y problemas de higiene.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Agotaremos todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar esta problemática”. Anunció que México presentará una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y enviará cartas de protesta a las autoridades estadounidenses exigiendo una investigación exhaustiva sobre la “deficiente atención médica”. El gobierno mexicano también apoyará demandas individuales de las familias y realiza investigaciones forenses independientes.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las detenciones de mexicanos se han endurecido drásticamente: más de 177 mil connacionales han sido arrestados y 14 han perdido la vida en custodia. En Adelanto solo, cuatro mexicanos han fallecido por complicaciones médicas. Familiares como Antonia Tovar, viuda de Ramos-Solano, exigen justicia: “Él no merecía morir así. Era un hombre trabajador y responsable”.
Este caso pone en el centro el trato a los migrantes en EE.UU. y obliga a México a reforzar su diplomacia consular. El gobierno de Sheinbaum insiste en que las condiciones de detención deben garantizar dignidad, acceso a salud y procesos justos. Mientras tanto, las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y cambios reales para evitar más tragedias. La denuncia ante la CIDH marca un paso firme de México para defender a sus connacionales en el exterior.
