El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) activó formalmente el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida, poco común, se toma ante “indicios razonables” de que en México podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas. El caso será elevado con carácter urgente ante la Asamblea General de la ONU en los próximos meses.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cifra supera las 120 mil personas desde 1964, de las cuales más del 90% han ocurrido en las últimas dos décadas. Tan solo en 2025 se registraron más de 8 mil nuevas desapariciones. Organizaciones de búsqueda como Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Buscadoras por la Paz y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han documentado al menos 15 asesinatos de activistas y buscadores en los últimos tres años, incluido el reciente homicidio de Cecilia García Ramblas.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó tajantemente el informe de la ONU, calificándolo de “parcial, tendencioso y fuera de contexto”. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró esta semana: “Reconocemos los desafíos históricos en materia de seguridad y justicia, pero el Estado mexicano ha fortalecido las comisiones de búsqueda y el uso de tecnología forense. No aceptamos intervenciones que politicen un tema tan sensible”.
Por su parte, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Artículo 19 exigieron en un comunicado conjunto mayor protección a los defensores de derechos humanos, transparencia en las investigaciones y el fin de la impunidad, que supera el 95% en estos casos según cifras oficiales. Expertos en derecho internacional señalan que la activación del artículo 34 podría derivar en recomendaciones vinculantes y mayor escrutinio durante la presidencia mexicana en foros multilaterales.
Esta crisis ocurre en un año clave para México, que coorganizará el Mundial de Fútbol 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Analistas advierten que la imagen internacional del país en materia de derechos humanos podría afectar la percepción turística y de inversión extranjera si no se logran avances visibles.
Especialistas como la doctora en derechos humanos María Elena Lugo consideran que “la activación del mecanismo refleja frustración internacional ante la lentitud de las respuestas locales”. Mientras tanto, colectivos de buscadores continúan realizando brigadas independientes en zonas como Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde se concentra la mayoría de casos.
